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«Aprendiendo Economía con Los Simpsons. Isaías Covarrubias Aprendiendo Economía con Los Simpsons Isaías Covarrubias icovarr Junio, ...»

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El segundo rol que cumplen las regulaciones es intentar corregir los desequilibrios derivados de una distribución de recursos considerada socialmente inaceptable. Las regulaciones de precios de bienes y servicios o del precio de los factores productivos como la tasa de interés o los salarios, a menudo tienen como objetivo fundamental una función redistributiva, anclada en principios (no necesariamente económicos) de justicia y equidad.

El gobierno en sus diferentes dimensiones crea y gestiona tanto los ámbitos (sectores, mercados) de regulación, así como los organismos competentes encargados de formular, evaluar y monitorear las regulaciones ad hoc. Asimismo, crea por vía legislativa y ejecutiva los decretos, leyes, reglamentos, normas que le dan soporte institucional a las regulaciones. Sobre este particular, Sifontes (2003) menciona que existe un debate abierto sobre si los entes regulatorios deben estar adscritos a alguna organización pública centralizada o deben ser instituciones autónomas con suficiente independencia de acción y de gestión. Se ha evidenciado que los entes regulatorios con suficiente independencia de acción y autonomía en las decisiones, suelen tener mayor efectividad que los organismos centralizados.

Sin embargo, el factor fundamental detrás del cumplimiento y efectividad de una política regulatoria es su diseño y la capacidad institucional para hacerla cumplir y reformarla si es necesario. Por esta razón, la utilidad de las regulaciones económicas depende de la calidad institucional de los entes gubernamentales que las formulan e instrumentan.

La práctica de diseñar e implementar regulaciones se acerca a un delicado mecanismo de pesos y contrapesos que, a pesar de perseguir la búsqueda de mejorar el bienestar social, no debe dañar o distorsionar los incentivos de los agentes en relación con las actividades productivas. Esto es así porque a las

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fallas del mercado identificadas pueden agregarse “fallas del Estado”. En este caso, se da la posibilidad de que una determinada política regulatoria termine acarreando mayores costos sociales que el beneficio social pretendido.

En estos términos, como lo sostiene Obuchi (2003), la regulación puede fallar por la ausencia de incentivos de los agentes gubernamentales para ser eficientes. También porque la aplicación de una regulación puede generar efectos colaterales no previstos al momento de diseñar la regulación. Este mismo problema se puede presentar por “inconsistencia dinámica”, es decir, la regulación se diseña e implementa con un objetivo de corto plazo, pero genera costos sociales no intencionados en el largo plazo. Adicionalmente, una regulación puede quedar completamente desvirtuada si el ente regulador es “capturado” por las empresas que debe regular, pues en este caso dichas empresas influirán en medidas regulatorias alineadas con sus propios intereses, en detrimento de intereses más amplios.

A propósito de los efectos colaterales de las políticas regulatorias, Hall (2005) analiza en el episodio llamado “Los años que vivimos” (Temporada 2, Nº 12, 1991), las diferentes posturas de Homero y Marge siendo jóvenes, al participar en un debate estudiantil referido a la política de regulación del máximo de velocidad permitido en las carreteras de Estados Unidos. A Homero le parece ridículo que el límite de velocidad se fije en 55 millas por hora, porque, según él, concediendo que se salvarán unas pocas vidas, millones de personas llegarán tarde a sus actividades. Lo paradójico es que, en este caso, Homero visualiza correctamente la posible existencia de consecuencias no deseadas de la acción intencionada de la regulación.

Por otra parte, diferentes estudios teóricos y empíricos dan cuenta del impacto de las regulaciones en la actividad económica, especialmente en los

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incentivos y desincentivos que generan para hacer negocios y realizar inversiones. Analizando este impacto para un grupo de países industrializados y en desarrollo, Guasch y Hahn (1997) argumentan que el análisis económico, especialmente el análisis costo-beneficio, puede jugar un rol importante en la determinación de cuáles regulaciones benefician el entorno económico de un país determinado y cuáles lo perjudican.

Estos autores constatan que se produjeron importantes beneficios en los países en desarrollo reformadores de sus marcos regulatorios en los años noventa, especialmente flexibilizando o, en otros términos, desregulando las actividades económicas de un gran número de sectores productivos como transporte, energía, telecomunicaciones y banca y finanzas. De la misma manera, advierten que las regulaciones orientadas a establecer controles de precios y restricciones a la entrada de empresas a los mercados tienden a generar pérdida de competitividad, a limitar el crecimiento económico y a causar pérdida de bienestar social.

Por su parte, Loayza, Oviedo y Serven (2005), utilizando datos de panel de un gran número de países desarrollados y en desarrollo, argumentan que las regulaciones muy rígidas, particularmente en los mercados de productos y de los factores como el trabajo, tienden a reducir el crecimiento, al mismo tiempo que inciden en elevar el nivel de actividades informales. En un estudio más reciente de los mismos autores, se encontró evidencia empírica para varios países de la OCDE y de América Latina referida a que en las naciones con mayores restricciones regulatorias en el mercado de productos, laboral y en cuanto a impuestos, las tasas de retorno de las empresas son relativamente más bajas que las respectivas para las firmas localizadas en países donde las regulaciones no son tan restrictivas (Loayza, Oviedo y Servén, 2010).





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Complementando el punto en discusión, Murphy, Shleifer y Vishny (1993) han analizado que las naciones con un alto nivel de discrecionalidad de las regulaciones exacerban la búsqueda de rentas públicas, lo cual afecta su crecimiento económico. La búsqueda de rentas se produce sobre todo en países con entornos regulatorios e institucionales débiles, porque es relativamente más fácil que el ente regulador se convierta en rehén de los intereses particulares de los políticos o de los burócratas. También suele ocurrir el riesgo opuesto, ya mencionado, de que el ente regulador sea capturado por los intereses privados, generando una situación donde el poder de las empresas determina las reglas del juego en su propio beneficio.

En este orden de ideas, se debe señalar también un estudio comparativo del Banco Mundial, denominado Doing Business Project, mediante el cual se viene evaluando y monitoreando desde principios de la década pasada, el marco regulatorio para las inversiones y negocios en un gran número de países, destacando las reformas que en materia de regulación económica viene implementando un grupo de naciones en desarrollo para mejorar su clima de negocios y de inversiones. Entre estas reformas destacan la reducción de los trámites y del tiempo de tramitación para el registro de nuevas empresas, para el registro y aprobación de las inversiones extranjeras y para la logística relacionada con las importaciones y las exportaciones.

Las regulaciones y trámites para hacer negocios tanto a nivel doméstico de los países y regiones de países, así como también respecto al comercio y la inversión internacional que son analizados en este estudio se agrupan en las siguientes categorías: a) apertura de un negocio, b) manejo de licencias, c) contratación de trabajadores; d) registro de propiedades; e) obtención de crédito; f) protección de los inversores; f) pago de impuestos; g) comercio

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transfronterizo, h) cumplimiento de contratos; i) cierre de una empresa (véase Banco Mundial, 2010).14 En la categoría relacionada con el cierre y la liquidación de empresas, la misma identifica los principales puntos débiles de las legislaciones en los asuntos de quiebra y los más importantes obstáculos en cuanto a los procedimientos administrativos requeridos para resolver la quiebra. Se utilizan tres indicadores de evaluación: a) la tasa de recuperación: mide cuántos centavos por dólar recuperan los solicitantes (acreedores, agencias tributarias, empleados) de una empresa insolvente; b) tiempo promedio de cierre de una empresa (con base a los procedimientos) y c) costo promedio de los procedimientos (como un porcentaje del valor de los bienes de la empresa).

Haciendo una comparativa simple, mientras que en Japón los solicitantes recuperan 92,7 centavos de dólar de la empresa quebrada, el procedimiento supone un tiempo promedio de 0,6 años y el costo de los procedimientos representa 4% del valor de los bienes de la empresa, en España los resultados para estos indicadores son 76,3 centavos de dólar, 1 año y 11% del valor de los bienes de la empresa respectivamente. Aunque España no tiene la eficiencia de Japón en este ámbito de negocios, es una nación que resuelve relativamente bien los problemas de quiebra si se le compara con Guatemala.

En la nación centroamericana los valores para los indicadores respectivos son 14 En el informe del año 2010: Doing Business 2011. Making a Difference for Entrepreneurs, se han evaluado 183 naciones. En el ranking global, entre los países con mayores facilidades para hacer negocios se ubicaron en los primeros lugares: Singapur, Hong Kong (China), Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. México (35), Perú (36), Colombia (39) y Chile (43) son los países latinoamericanos mejor posicionados, mientras que Bolivia (149), Surinam (161), Haití (162) y Venezuela (172) son los peor posicionados en la región. Donde existen mayores dificultades para hacer negocios es en los países africanos sub-saharianos como Guinea, Chad, Burundi y la República Centroafricana. Al respecto véase Banco Mundial (2010).

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de 27,5 centavos de dólar, 3 años y 15% del valor de los bienes de la empresa (Banco Mundial, 2010).

Estas marcadas diferencias se deben en parte al diferente tratamiento legal que reciben las quiebras empresariales en los países desarrollados con respecto a las naciones en desarrollo. La existencia de diferentes sistemas jurídicos ha derivado en que las negociaciones implicadas en una quiebra empresarial y su resolución comporten resultados disímiles en ambos grupos de países. En general, la normativa jurídica de las naciones desarrolladas tiende a favorecer a los acreedores por sobre los deudores en la resolución de conflictos derivados de quiebras empresariales y otras situaciones donde se encuentren en juego derechos de propiedad sobre activos.

Como consecuencia de ello, en los países desarrollados un gran número de empresas se declara en quiebra cada año; por el contario, en las naciones en desarrollo tal situación no se presenta con la misma frecuencia. Pero, como se analiza en un estudio del Banco Mundial (2004), esta diferencia no se debe a que en las naciones en desarrollo las empresas no quiebran, sino a que no apelan a la legislación vigente y a las instituciones normativas previstas para el tratamiento de estas materias, particularmente por la inefectividad e ineficiencia tradicionalmente asociada con estos mecanismos legales.

Normalmente los procedimientos suelen ser muy engorrosos y encubiertos en un velo de corrupción, no garantizan un resultado equitativo para deudores y acreedores y afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

En la práctica, Coco (2000) observa que la importancia otorgada a las garantías y a la protección de los derechos de los acreedores genera un mejor entorno para la valoración de proyectos de inversión y el riesgo asociado, en la medida que se eliminan asimetrías de información propias de los mercados de

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crédito. Por el contrario, la ausencia de garantías y la debilidad en la protección al acreedor, producen un mayor racionamiento del crédito, pues en este caso las garantías y los derechos de los acreedores no cumplen la función de transmitir información acerca de los prestatarios, aumentando así el nivel de riesgo. Un efecto colateral de la falta o falla de estas regulaciones es que la obtención de créditos se vuelve muy restrictiva, al elevarse significativamente los costos del capital, eliminando así la posibilidad de financiamiento para algunos proyectos que en otro escenario menos incierto resultarían financieramente rentables.

En el contexto de América Latina, Araujo y Funchal (2005) establecieron que la región latinoamericana no tiene procedimientos de quiebra eficiente, especialmente en cuanto a los derechos de protección de los acreedores, lo cual tiene la consecuencia de limitar y encarecer la oferta de créditos. No obstante, los mismos autores manifiestan que en un grupo de países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, se han realizado reformas en las leyes que rigen sus sistemas de quiebra de empresas, mejorando los procedimientos de reorganización, agilizando los procesos de quiebra y reduciendo sus costos.

Estas reformas han sido corroboradas más recientemente en los estudios Doing Business, especialmente para los casos de Colombia y Perú (véase Banco Mundial, 2009 y 2010).

Los argumentos anteriores no deben ser vistos como un alegato a favor de que los países en desarrollo opten por instrumentar las regulaciones de las naciones desarrolladas sin tener en cuenta la particularidad de sus normativas e instituciones. Tampoco significan una preferencia hacia la desregulación de los mercados. En realidad, una mala desregulación puede ser tan dañina

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como una deficiente regulación, pues termina relajando el funcionamiento de los mercados hasta un punto que surgen problemas como los de selección adversa y de riesgo moral, lo cual se hizo patente con la desregulación del sector financiero que produjo, en parte, la crisis financiera.



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