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«Aprendiendo Economía con Los Simpsons. Isaías Covarrubias Aprendiendo Economía con Los Simpsons Isaías Covarrubias icovarr Junio, ...»

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Que los agentes puedan disfrutar de los bienes públicos sin haberlos pagado genera un problema conocido como el problema del free-rider o del “pasajero gratis”. Es un problema en la medida que puede originar una provisión de bienes públicos por debajo de su nivel óptimo o incluso la desaparición del mismo. Esto ocurre así porque las decisiones de cuáles bienes públicos proveer y en qué cantidad se proveen a menudo es una decisión política, aunque se base en un análisis técnico como el análisis costobeneficio. De manera que si los bienes públicos provistos no representan o no están alineados con las preferencias sociales, los agentes individuales tienen incentivos para comportarse como free-riders.

Siendo que el departamento de basura de Springfield provee un bien público, el error de Homero como gerente estuvo precisamente en no entender que se generaría un problema generalizado de free-riders. Ante el ofrecimiento de completa cobertura del servicio (sacar la basura del interior de los hogares) sin necesidad de pagarlo, la mayor parte de los ciudadanos respaldaron a Homero, puesto que no podían ser excluidos de ese servicio. Incluso si a Homero se le hubiera ocurrido que las familias dieran una contribución voluntaria para sostener el servicio adicional, probablemente la conducta de un gran número de agentes sería no pagar un servicio del cual seguirían siendo beneficiarios.

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En varios episodios de Los Simpsons, los personajes exhiben conductas de free-riders. Luccasen y Thomas (2010) analizan tal comportamiento de Homero en una escena del episodio “El sustituto de Lisa” (Temporada 2, Nº 19, 1991). Homero accede a acompañar a Lisa, junto con su maestro sustituto, el Sr. Bergstrom, al Museo de Historia Natural de Springfield. Previamente, el maestro había señalado en clase que el Museo está a punto de cerrar por falta de visitantes. El Museo es un servicio público al que se puede acceder gratis o dando una pequeña contribución voluntaria de 4,50 dólares. Homero se comporta como un free-rider, ironizando ante la posibilidad de pagar la entrada pudiendo hacerlo completamente gratis, y animando al maestro Bergstrom a ingresar de gratis, que sí está dispuesto a dar la contribución. 17 Por otra parte, en el fracaso de la política de ampliación de la cobertura del servicio de recolección de basura planificado por Homero, llama la atención que su implementación anuló una política previa eficiente. Esta situación revela que en términos de políticas públicas, especialmente los programas sociales, planificar una cobertura completa, sea la distribución de un bien o la provisión de un servicio, enfrenta el costo social de oportunidad o trade-off de sacrificar unos recursos, al asignarlos a la cobertura completa, que pudieron ser asignados a otros programas o proyectos con mayor rentabilidad social.

Según la apreciación de Covarrubias (2000), en Venezuela algunas políticas de amplia cobertura revelan una consistente ineficiencia en la asignación de los recursos. Al respecto, ha existido durante décadas y sigue 17 Al margen de lo que se está discutiendo, se trata, a mi manera de ver, de uno de los episodios más hermosos de la serie. Lisa queda deslumbrada desde el primer momento con la cultura, la bonhomía y la probidad de su nuevo maestro, lo cual la lleva a comparar este modelo masculino con el modelo de padre que tiene. Obviamente, Homero queda muy mal parado con esta comparación y Lisa lo cuestiona y lo enfrenta abiertamente; frustrada por la marcha del maestro Bergstrom a otra escuela.

Sin embargo, Homero tiene la capacidad de entender, con todas sus limitaciones, la frustración de Lisa y la consuela, logrando reivindicarse ante los ojos de su hija.

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existiendo en el presente una amplia cobertura para la educación pública universitaria, siendo prácticamente nulo el costo para un estudiante de este sistema, independientemente de su nivel de ingreso. Pero la gran cantidad de recursos asignados al sector ha sido en desmedro de invertirlos en el sistema educativo primario y secundario, aunque la tasa social de retorno de éstas es comprobadamente mayor que la respectiva de la educación universitaria.

En los programas de amplia cobertura o de cobertura total del bien público provisto, no sólo surge el inconveniente del agente free-rider, sino también el problema de focalización de los beneficiarios. Identificar correctamente a los beneficiarios e incluso a los posibles “perdedores” de una determinada política pública, es una tarea que en algunos casos puede ser muy compleja.

Esta complejidad se debe a que la política pública tiene el doble objetivo de lograr la asignación óptima de los recursos públicos y elevar el nivel de bienestar social. Si la política no se diseña o se diseña de manera incorrecta en cuanto a la focalización de los beneficiarios y en cuanto a, si la política lo amerita, la focalización de los agentes que soportarán algún tipo de costo, con el objeto de compensarlos, quedará mermada la eficacia de la política y no se alcanzará uno de los objetivos o ninguno de los dos.

La focalización cuando se otorga algún tipo de subsidio para la adquisición de un bien, para el uso de algún servicio, o incluso para la producción, ayuda a evitar que sus beneficiarios sean grupos a los que por su nivel de ingresos o por sus capacidades no les correspondería disfrutar de dicho subsidio. No obstante, dada la dificultad de focalizar a los beneficiarios, los subsidios entrañan el peligro de convertirse en políticas ineficientes.





Sobre este particular, Sala-i-Martin (2002) ha señalado que los subsidios otorgados por la Unión Europea (UE) a los productores agrícolas no sólo son

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un freno a las exportaciones de alimentos provenientes de los países africanos más pobres, sino que a menudo favorecen mucho más a los grandes productores y terratenientes de regiones como Andalucía que a los pequeños granjeros. Otro ejemplo de esta distorsión en la asignación de subsidios se observa en Venezuela, donde su aplicación en el precio de la gasolina ha beneficiado especialmente a la población de altos y medianos ingresos, pues éstos son los poseedores de la mayoría de los automóviles; un subsidio muy distorsionador, pues el país no cuenta con una infraestructura de transporte público relativamente eficiente.

En los países en desarrollo, particularmente los latinoamericanos, se han ensayado un tipo de programas sociales con subsidio focalizado que han tenido relativo éxito en efectividad y eficiencia. Se trata de los llamados programas con transferencias monetarias condicionadas, como el Progresa, implementado en México, o el Bolsa Familia en Brasil. En todos los casos son programas gubernamentales que condicionan la entrega de dinero a si se cumplen ciertos requisitos.

Un programa típico de transferencias monetarias condicionadas funciona así: en la medida que las familias pobres envíen a sus hijos a la escuela o los llevan regularmente a los centros ambulatorios, reciben del gobierno un ingreso que puede llegar a ser el equivalente a un salario mínimo mensual. El beneficio monetario parece generar un incentivo mucho más fuerte que si el compromiso se hiciera con el reparto de alimentos u otra clase de bienes, al mismo tiempo que se reducen los costos del programa al no necesitar un aparato burocrático grande ni incurrir en mayores costos de transacción. Por lo demás, este tipo de programas tiende a generar un ventajoso mecanismo de autoselección, focalizando aún más sus posibles beneficiarios.

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En algunos programas de transferencias monetarias se ha evaluado la condición de género del receptor para determinar cómo se asigna la transferencia al interior de los hogares. Sobre este particular, Duflo (2003) investigó la forma como las personas de la tercera edad de la población negra surafricana, distribuían en su hogar estos recursos. De acuerdo a las estimaciones, encontró un impacto favorable en la nutrición de las niñas menores de cinco años viviendo en un hogar con una abuela receptora de esta pensión, aunque pocos efectos en los niños. En el caso de los abuelos receptores de pensiones en la misma situación, no se encontró ningún impacto favorable ni en las niñas ni en los niños. El estudio sugiere que la eficiencia del programa público de transferencias puede depender, en alguna medida, del género del receptor.

La focalización de la política pública hacia los grupos que realmente la requieren es un paso importante en la dirección de garantizar un mayor retorno social de dicha política, pero es sólo una condición necesaria, no es suficiente. Adicionalmente la política debe asegurar la activación de los mecanismos y dispositivos promotores de la participación de los beneficiarios y de los grupos de interés tanto en su diseño como en su puesta en práctica.

Sobre este enfoque, desde hace alrededor de dos décadas existe una abundante literatura y estudios de caso, algunos de ellos reseñados en Banco Mundial (1997), que dan cuenta de experiencias donde la participación y la acción colectiva consensuada entre los beneficiarios y los funcionarios públicos involucrados en la realización de programas y proyectos sociales, mejoró la tasa de retorno social y de sostenibilidad de esas actividades.

Lo que revela este tipo de cooperación entre el beneficiador sea público o privado y los beneficiarios de un proyecto o programa, es que su éxito relativo

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pasa no solo por la focalización de beneficiarios, sino también por incorporarlos en el diseño, evaluación y monitoreo del proyecto o programa que los beneficiará. Cuando se desdeña este mecanismo del diseño y de la implementación de políticas, a menudo se distorsiona el objetivo buscado y se tiene una política elaborada “del lado de la oferta”, bajo la perspectiva unidimensional del ente proponente de la política.

Con relación a lo anterior, una investigación de Covarrubias y Velásquez (2011) sobre las políticas de financiamiento públicas y privadas para el subsector de la pequeña y mediana empresa (PYME) conformada por los laboratorios clínicos de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, reveló políticas diseñadas exclusivamente del lado de la oferta. La percepción general de un alto porcentaje de los gerentes y propietarios de los laboratorios clínicos encuestados es que las políticas de financiamiento para las PYME, especialmente los planes de financiamiento de los bancos e instituciones financieras del gobierno, no se adaptan ni mínimamente a las necesidades y requerimientos de financiamiento del subsector.18 Por otra parte, la dificultad que entraña la resolución de problemas públicos y sociales, algunos perentorios, puede estar en parte vinculada a una visión que apela a la definición de un resultado moralmente deseable más que al planteamiento de un resultado técnicamente factible. Esta visión de los problemas sociales supone definir una resolución que a menudo supera las capacidades y recursos requeridos para ponerle remedio.

18 En realidad, alrededor de un 80% de los gerentes y propietarios de los laboratorios clínicos encuestados manifestaron desconocer las políticas de financiamiento de los entes públicos. Es decir, los programas de financiamiento gubernamentales no solo se elaboran al margen de las demandas de sus potenciales beneficiarios, sino que incluso la información sobre los alcances de dichos programas no les llega de ninguna forma.

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Sobre esta cuestión, Weick (1984) ha sugerido que el cambio a una escala más pequeña del problema puede cambiar la calidad de los recursos que le son asignados y, por esta vía, reorientarlo hacia una estrategia donde lo que se necesita para causar un primer impacto positivo son pequeños logros. Dado que esta estrategia frecuentemente mejora el diagnóstico, protege los avances logrados y fomenta la innovación, termina generando una retroalimentación positiva que incrementa la efectividad de las políticas.

Considerando estas dificultades y con un enfoque más microeconómico que macroeconómico, se ha desarrollado durante poco más de una década un área de investigación de los problemas sociales, especialmente los vinculados con la pobreza, que se apoya en el “trabajo de campo” e involucra la recolección de datos in situ, entrevistas y, de forma especial, una novedosa manera de evaluar las políticas realizando pruebas experimentales aleatorias, similares a las utilizadas en medicina y en los laboratorios farmacéuticos.

Una de las líderes en esta área de investigación, señala que una de las ventajas de las pruebas aleatorias para evaluar políticas radica en que los experimentos son diseñados para responder a problemas prácticos específicos, en contextos específicos: cómo ayudar a los agricultores a ahorrar más o cómo convencer a los padres de la necesidad de inmunizar a sus hijos.

Otra ventaja es examinar las teorías que predicen qué puede funcionar y qué no en una política a la luz de sus resultados prácticos (véase Duflo, 2006).

Además, esta investigadora subraya que este tipo de evaluación también supone una revisión de la pertinencia de las teorías convencionales en la explicación de la forma como se comportan los agentes (especialmente los pobres) y sugiere la ampliación del marco teórico hacia enfoques menos

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convencionales para tener una visión más comprensiva del comportamiento real de dichos agentes.19 Recapitulando, la política de amplia cobertura de recolección de basura implementada por la empresa pública a cargo de Homero Simpson, permitió repasar algunos de los tópicos relacionados con la evaluación y el impacto de las políticas públicas. Entre los temas tratados destacan el análisis de la valoración de costos y beneficios sociales, el problema de las externalidades negativas, el problema de los free-riders de los bienes públicos y la ineficiencia económica de las políticas de amplia cobertura, en donde una parte de los beneficiarios podrían estar dispuestos a pagar por su provisión, pero en la práctica no pagan.



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