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POLOS

Injusticias ambientales e

industrialización petrolera

en Argentina

Observatorio Petrolero Sur (comp.)

Colectivo Tinta Verde

Fernando Cabrera Christiansen

Eduardo Sosa

Mariela Dobal

Cecilia Bianco

POLOS

Injusticias ambientales e

industrialización petrolera

en Argentina

Cabrera Christiansen, Fernando

Polos : injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina / Fernando

Cabrera Christiansen ; Hernán Scandizzo. - 1a ed.. - Ciudad Autónoma de Buenos

Aires : Ediciones del Jinete Insomne, 2015.

150 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-29629-5-1

1. Medio Ambiente. 2. Explotación Petrolera. 3. Economía Regional. I. Scandizzo, Hernán II. Título CDD 338.9 Esta publicación es apoyada con recursos de la FRL con fondos del BMZ Talcahuano 256, piso 2, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

www.jineteinsomne.com.ar Diseño y diagramación: Patricia Peralta Impreso en BonusPrint Colección Ecología Política Talcahuano 256, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.jineteinsomne.com.ar ediciones.jinete@gmail.com Twitter: @jineteinsomne Facebook: Ediciones del Jinete Insomne http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es POLOS Injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina Observatorio Petrolero Sur (comp.) Colectivo Tinta Verde Fernando Cabrera Christiansen Eduardo Sosa Mariela Dobal Cecilia Bianco Índice Prólogo. La injusticia ambiental en la industrialización de los hidrocarburos

1. El gigante petrolero del Gran La Plata: del auge desarrollista a la contaminación industrial

2. Complejo industrial de Plaza Huincul: aristas de la injusticia ambiental

3. Contaminación industrial, pasivos ambientales y remediación en la Refinería de Luján de Cuyo

4. Bahía Blanca y White: grietas en el muro de la incertidumbre................81

5. Breve recorrido socioambiental por la Refinería San Lorenzo.................113 Organizaciones que participaron en esta producción

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PRÓLOGO

La injusticia ambiental en la industri

–  –  –

La caída en los niveles de extracción de hidrocarburos1 inicialmente fue saldada en Argentina con el aumento de las importaciones para asegurar la provisión de energía. Dado que esta vía repercutió negativamente en la frágil balanza comercial, desde 2012 el gobierno nacional apunta a incrementar la extracción de hidrocarburos mediante el desarrollo masivo de yacimientos no convencionales, offshore y recuperación terciaria, con el objetivo de garantizar el autoabastecimiento y generar saldos exportables.

A lo largo de este proceso, poco se ha discutido sobre la industrialización de los hidrocarburos, que llegó a los diarios de circulación nacional casi accidentalmente tras el incendio en la refinería de Ensenada en

2013. Por aquel entonces, YPF anunció una inversión de US$ 800 millones para recuperar las instalaciones dañadas y ratificó la construcción de una nueva planta de carbón de coque para aumentar la producción (Página/12, 22/07/2013). En tanto, pocos meses después, la compañía Axion, subsidiaria de Pan American Energy, también informó sobre un millonario plan de obras que le permitiría aumentar el procesamiento de crudos pesados en la refinería que posee en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires (El Inversor, 07/10/2013). Más recientemente, a mediados de 2015, el gerente general de YPF, Miguel Galuccio, pronosticó que se necesitará un nuevo complejo refinador para 2025: “Es posible que pronto avancemos con un estudio de factibilidad para evaluar ese desafío”, anticipó (Petroquímica, 01/07/2015). Sin embargo, y nuevamente salvo la excepcionalidad En 1998 se registró el pico de extracción petrolera y en 2004, de gas. Los hidrocarburos representan aproximadamente el 85% de las fuentes primarias del país.

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del incendio en el complejo industrial YPF, en los escasos abordajes ningún funcionario, ejecutivo o periodista contempló la permanente exposición al riesgo de las poblaciones aledañas a refinerías y polos petroquímicos, ni tuvo en cuenta las denuncias sobre contaminación.

Las ocho grandes refinerías –que concentran el 98% de la capacidad instalada del país–2 se encuentran en zonas urbanas o próximas a ellas; y en no pocos casos, quienes viven en los alrededores aseguran que la cercanía deteriora gravemente su calidad de vida. La falta de información veraz y de acceso a la documentación oficial se convierte en un problema tan serio como los riesgos tóxicos a los que están expuestos. Como demuestran los trabajos reunidos en esta publicación, no existe una firme política de control, las instancias de fiscalización no son efectivas y no se han desarrollado programas permanentes de evaluación socio-sanitaria. Estas carencias impiden un conocimiento profundo de lo que sucede, dificultan la generación de demandas para revertir la situación, invisibilizan el problema, obturan los debates públicos –tanto sobre la necesidad de otra planificación territorial como de políticas de control industrial y también la búsqueda de alternativas a la matriz energética existente–, y restringen las discusiones, en el mejor de los casos, a las intervenciones de especialistas contratados por las plantas industriales.





Ante este sombrío panorama, y contrariamente a lo que establece el principio precautorio asumido por la legislación nacional3, cuando quienes viven en las inmediaciones de las plantas intentan cuestionar el accionar industrial, deben demostrar el daño ocasionado. Es el caso de la población de Ingeniero White, en Bahía Blanca, que realizó un inédito censo socio-sanitario para poder evaluar el impacto del polo petroquímico. En la De las ocho grandes refinerías locales, tres pertenecen a YPF: la de Ensenada, en Buenos Aires (que procesa 189.000 barriles por día –bpd–); la de Luján de Cuyo, en Mendoza (105.500 bpd); y la de Plaza Huincul, en Neuquén (25.000 bpd). Las restantes están a cargo de Shell (en Dock Sud, Buenos Aires, con 100.000 bpd), Axion Energy –ex Esso– (en Campana, Buenos Aires, con 84.500 bpd), Oil (en San Lorenzo, Santa Fe, con 37.600 bpd), Petrobras (en Bahía Blanca, Buenos Aires, con 28.975 bpd) y Refinor (en Campo Durán, Salta, con 32.500 bpd).

El principio precautorio se encuentra incluido en la legislación argentina, a través de 3 la Ley 25.675 General del Ambiente, sancionada en 2002. Allí se establece: “Principio precautorio: la ausencia de información o certeza científica no será motivo para la inacción frente a un peligro de daño grave o irreversible en el ambiente, en la salud o en la seguridad pública”.

8| línea de generar nuestro propio conocimiento para enfrentar estas situaciones surgió Polos, como resultado del esfuerzo de activistas, investigadores e investigadoras, comunicadores y comunicadoras, que viven en las cercanías de cinco refinerías y polos petroquímicos del país.

El Colectivo Tinta Verde fue el responsable de analizar la situación de la refinería de YPF y el polo petroquímico ubicado en Ensenada y Berisso, en las afueras de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. En segundo lugar, Fernando Cabrera Christiansen, investigador del Observatorio Petrolero Sur, desarrolla el caso del complejo industrial perteneciente a YPF en Plaza Huincul, Neuquén. El presidente de OIKOS Red Ambiental, Eduardo Sosa, tuvo a su cargo el tercer capítulo, en el que analiza minuciosamente los expedientes de los incidentes ambientales y sus remediaciones en la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza. Luego, Mariela Dobal, periodista de FM De la Calle, de Bahía Blanca, expone el caso del polo petroquímico ubicado en la localidad de Ingeniero White y la refinería de Petrobras de Loma Paraguaya. Por último, Cecilia Bianco, coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista, fue la encargada de analizar los impactos de la refinería y la planta fluvial del Grupo Indalo, ubicados en San Lorenzo, Santa Fe.

Como decíamos, esta publicación aspira a ser un aporte a ese movimiento de generación de información fidedigna, que pretende mensurar la implicancia de estas instalaciones en la vida de su comunidad, barrio, ciudad. En ese sentido, busca ofrecer una mirada global de las problemáticas socioambientales vinculadas a la industrialización de los hidrocarburos en Argentina; lo hace desde el paradigma de justicia ambiental, en un intento de enunciar y explorar las preguntas que surgen de quienes viven en las cercanías de las plantas; las que son fruto de la lectura atenta de los informes de remediación ambiental y, finalmente, las que resultan de la ausencia o vacíos de información.

La justicia ambiental, horizonte político y perspectiva analítica El concepto justicia ambiental surgió en Estados Unidos durante la década de 1980 y fue acuñado por la confluencia de una multiplicidad de actores como los movimientos por los derechos civiles, por la justicia social y económica, obrero y de los trabajadores agrícolas, ecologista, indígena, |9 | POLOS. Injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina y también desde el ámbito académico (Arriaga Legarda y Pardo Buendía, 2011). Si bien desde la década del ‘70 se fue desarrollando una extensa bibliografía sobre las desigualdades ambientales en ese país, esos hallazgos fueron más tarde ampliados y complementados por tres investigaciones de referencia que aumentaron la comprensión de lo que la justicia ambiental representa.

El primer estudio, realizado por la Oficina de Auditoría General de los EE.UU. en 1983, fue una de las respuestas a las protestas que se llevaron a cabo el año anterior en el condado de Warren, Carolina del Norte, donde se pretendía instalar un basurero de residuos tóxicos. El objetivo de la investigación fue “determinar la correlación existente entre la ubicación de vertederos de residuos peligrosos y la situación racial y económica de las comunidades residentes circundantes” (US General Accounting Office, 1983: 2). Las conclusiones determinaron que el 75% de los vertederos de residuos peligrosos estudiados en ocho Estados se encontraban situados, principalmente, en áreas con población mayoritaria afroamericana. A esta investigación le continuó otra realizada por el sociólogo Robert Bullard (1983), quien documentó que 21 de las 25 instalaciones de residuos ubicadas en Houston estaban localizadas en barrios donde la población también era predominantemente afroamericana. La tercera investigación de este tipo fue realizada por Comisión para la Justicia Racial de la Unión de Iglesias Cristianas, en 1987. Fue el primer estudio de alcance nacional y confirmó que el origen étnico era la razón más importante para la ubicación de estas instalaciones; de manera más significativa, incluso, que la condición socioeconómica, el valor de los terrenos y la propiedad de la vivienda.

Hasta entonces el movimiento ecologista estadounidense se había centrado casi con exclusividad en los problemas y demandas de conservación de espacio y especies naturales; incluso las personas eran consideradas peligrosos predadores. Por su parte, el movimiento por los derechos civiles no asumía como propias las demandas conservacionistas y las de quienes se oponían a la contaminación. Posiblemente, el punto de inflexión del movimiento de la justicia ambiental se produjo una década más tarde, en 1991, en la Primera Cumbre Nacional de Liderazgo de Personas de Color en Cuestiones Ambientales, celebrada en Washington. A partir de ese momento, el concepto de justicia ambiental alcanzó reconocimiento en EE.UU. y, más importante aún, se trazaron los 17 Principios de Justicia 10 | Ambiental4, que fueron desarrollados como “una guía para la organización” (Bullard, 2005: 21).

A partir de esa instancia, el movimiento de la justicia ambiental busca no sólo asegurar que todos los sectores tengan igual protección contra los riesgos tóxicos en relación a cuestiones de salud y calidad de vida, sino también que todas las personas puedan disfrutar de su derecho a vivir en un ambiente seguro, independientemente de su origen étnico o su nivel de ingresos. La innovación más significativa de este movimiento fue haber transformado el marco del discurso ecologista tradicional, al incorporar el elemento de la justicia social (Arriaga Legarda y Pardo Buendía, 2011).

América Latina y la justicia ambiental El movimiento por la justicia ambiental -indica Martínez Alier (2004: 31)poseerá una gran importancia, siempre y cuando exprese no sólo a las minorías dentro de Estados Unidos sino a las mayorías fuera de las fronteras de ese país, teniendo en cuenta que las desigualdades no se establecen en todos lados de manera racializada. El autor entiende necesaria la articulación entre las demandas locales puntuales y los problemas globales. Por eso señala que este movimiento deberá involucrar otros temas como el cambio climático, la biopiratería y bioseguridad.

Dos son los fundamentos sobre los que se apoya la declaración: el sentido de interdependencia entre las personas, las comunidades y la naturaleza; y la exigencia de que cualquier decisión sobre política ambiental sea expresión de los movimientos ciudadanos y no una imposición gubernamental (Bellver Capella, 1996). Brevemente, los 17 Principios de Justicia Ambiental son los siguientes: 1) Santidad de nuestra madre tierra, la unidad ecológica y la interdependencia de todas las especies; 2) La política pública debe basarse en el respeto mutuo y la justicia; 3) Uso responsable de los recursos en interés de la sostenibilidad; 4) Protección universal contra pruebas nucleares; 5) Derecho de auto-determinación; 6) Cese de producción de toxinas; 7) Justicia de procedimiento;

8) Derecho a vivir y trabajar en un ambiente saludable; 9) Derecho de las víctimas a compensación; 10) Los actos gubernamentales de injusticias ambientales se consideran una violación de las leyes internacionales; 11) Reconoce una relación legal y natural entre los nativos americanos y los Estados Unidos; 12) Derecho a un medio ambiente urbano sano; 13) Implementación estricta de los principios de información y consentimiento;



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