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«Observatorio Petrolero Sur (comp.) Colectivo Tinta Verde Fernando Cabrera Christiansen Eduardo Sosa Mariela Dobal Cecilia Bianco POLOS Injusticias ...»

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Por entonces el diario La Nación informaba: “El acta de inspección técnica que llevó a la provincia a clausurar preventivamente la planta -hecho sin precedente- indica que hubo dos roturas en el caño de transporte de cloro desde la planta de cloro-soda a la planta de cloruro de vinilo” (La Nación, 25/08/2000). Quien se desempeñaba entonces como director de Medio Ambiente de la Municipalidad, Ing. Braulio Laurencena, propuso al doble encamisado de caño, por el que transportan sustancias tan peligrosas, como la principal cuestión para invertir de manera preventiva. “Sería la única posibilidad de reducir a cero todos los riesgos”, dijo y recordó que “el gas cloro es el arma química más vieja, que se utilizó el 22 de abril de 1915 durante la Primera Guerra Mundial (...) A razón de 60 partes por millón el cloro puede matar en 15 minutos, y la concentración del domingo pudo haber superado esa cifra”, estimó (La Nación, 25/08/2000). El funcionario reconoció, de este modo, que es posible reducir los riesgos, pero para ello se hace necesaria una fuerte política de inversión por parte de la compañía.

En la página de la empresa puede leerse: “En Solvay creemos que las soluciones químicas no tienen por qué conseguirse a expensas del medio ambiente, ni tampoco a costa del respeto por el ser humano”. Sin embargo, el recuerdo del escape de cloro en Ingeniero White y los pasivos ambientales que quedaron en la localidad rionegrina de Cinco Saltos, donde funcionó Indupa desde mediados del siglo XX hasta su traslado al polo petroquímico de Bahía Blanca, pone en tensión la afirmación empresarial.46

–  –  –

Saltos en la provincia de Río Negro, se trasladó al polo petroquímico de Bahía Blanca, dejando barros contaminados con mercurio y vertidos de otros productos en las zonas 86 | Nueve días después del escape en Solvay, cuando la incertidumbre permanecía en la población, sucedió otra fuga de amoníaco proveniente de la empresa Profertil. Decenas de vecinas y vecinos fueron hospitalizados como consecuencia de la inhalación de la sustancia. La Secretaría de Política Ambiental de la Provincia, presidida por Ricardo Rodríguez, clausuró la operatoria de la planta, y cuando autorizó su reapertura, el escape se reiteró.

Otra vez: alarmas que no sonaron, personas internadas, un sistema público de salud colapsado por no estar preparado para la contingencia, silencio del gobierno de turno e interesantes sumas de dinero en algunos medios de comunicación como para “tapar la nube con un dedo”. La inspección de los técnicos bahienses, dependientes de la mencionada Secretaría, determinó que el nivel de amoníaco dentro de la planta superaba ampliamente los admitidos por las normas de calidad vigentes, por lo cual se resolvió clausurar preventivamente el establecimiento en “salvaguardia de la salud de los trabajadores y de la población” (La Nación, 29/08/2000).

Luego de estos sucesos, comenzaron a unirse voluntades y conformarse organizaciones sociales que activamente ponen en evidencia estas irregularidades y exigen que se cumpla su derecho humano de vivir en un ambiente sano y seguro. La Asociación Ambientalista 20 de Agosto, la Asociación de Vecinos por la Vida, agrupaciones juveniles de centros de estudiantes, la Asociación Conservacionista del Sur Tellus, la Asamblea Ambiental AUKAN y la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente General Daniel Cerri, son algunas de esas expresiones que, manteniendo incluso diferencias entre sus perspectivas y modo de funcionamiento, realizan actividades, producen información, proponen debates y charlas públicas, denuncian en la Justicia, etc., en pos de visibilizar sus realidades.

Al cumplirse 10 años de ese “milagro”, en un acto whitenses compartieron un documento consensuado por vecinas y vecinos de las plantas petroquímicas. Entonces explicaron, con mezcla de bronca y tristeza: “Vivir hoy en Ingeniero White es realmente muy difícil, los ruidos son constantes, aledañas al establecimiento. Antes de desaparecer, en 1996, esa compañía fue vendida a Imextrade S.A., una firma sin antecedentes en el sector que absorbió el pasivo ambiental, paralizó totalmente la producción en 2000 y, literalmente, se dedicó al cultivo de papas en tierras que habían servido de repositorio (di Risio et al, 2012: 184).

| 87 | POLOS. Injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina temblores, el olor, conocemos que se producen mini escapes y venteos. Las nubes blanco-amarillentas que emanan de las chimeneas son nuestro techo. El peles producto de la molienda de semillas hace el aire irrespirable.

Las afecciones respiratorias son frecuentes y enfermedades más graves también. El piso se mueve con el paso de vehículos pesados que transitan sin control. Nuestras casas se rajan, las arreglamos y vuelven a fisurarse. Las viviendas ya no valen, pero tributan impuestos igual” (AA.VV.

20/08/2010).

Por solo hacer mención a un nuevo escape (podríamos informar sobre otros que se sucedieron y se siguen repitiendo, pero nos alejaríamos del eje de este relato), en mayo del año 2008 un desperfecto en la planta de urea de Profertil en Cangrejales, provocó una gran fuga de amoníaco (no cuantificada) que por la dirección del viento (nuevamente) se orientó hacia el mar.

Desde Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) informaron que el problema, que se prolongó por dos horas, detonó por la rotura de un soporte que sostenía cañerías y que, en su caída, dañó una válvula. Ante la magnitud del caso, la planta de urea fue paralizada, no así las de amoníaco y granulación.





La crónica periodística recupera el testimonio de uno de los vecinos afectados. “Daniel Fernández se despertó ayer con un fuerte ardor en la garganta. ‘Me quemaba y tosía. A las 6.15, cuando salí de casa, la antorcha de Profertil era inmensa. Nada nuevo para mí’, aclara este ferroviario que hace 15 años vive de cara al polo petroquímico”, ilustró un diario local (La Nueva Provincia, 25/09/2008). Por su parte, el Ingeniero Fernando Rey Saravia, coordinador del Comité Técnico Ejecutivo (CTE), uno de los responsables en determinar la suspensión preventiva de las operaciones de la planta indicó que la medida se mantendrá “hasta tanto la compañía no presente un plan de medidas correctivas, mitigatorias y preventivas” (La Nueva Provincia, 25/09/2008).

Catorce años después de aquellos episodios, desde la Asamblea Ambiental del Sur AUKAN, manifestaron en un comunicado: “Las respuestas no aparecen, madres e hijos llegan a unidades sanitarias cercanas con problemas para respirar y sus ojos llorosos, la precarización laboral del sector se cobra la buena salud (y en lamentables casos la vida) de trabajadores, y se insiste con la idea de que el progreso es ampliar un polo industrial inseguro, 88 | junto a un parque industrial que tiene el 80% de las firmas que allí operan inhabilitadas para la actividad que registran” (AUKAN, 20/08/2013).

Globalmente el modelo funciona siempre igual: graves accidentes son minimizados, y los controles o sanciones llegan tarde y a cuentagotas, después del alerta y las denuncias de las comunidades que se indignan, enferman, temen y, en el peor de los casos, se acostumbran al sufrimiento ambiental de vivir en “zonas de sacrificio”.

En aquellos días desde AUKAN denunciaron la situación. “Es tan fuerte el poder económico de este grupo de empresas multinacionales, que consigue estructurar un nuevo aparato estatal, garante de la rentabilidad y perpetuidad en los negocios, convirtiendo a funcionarios públicos de turno en sus ‘cuasi gerentes’ y a la tasa medioambiental que pagan, en la licencia para contaminar sin ser controlados” (AUKAN, 20/08/2013).

¿Y los controles ambientales? ¿Y la justicia?

Estos hechos marcaron un punto de inflexión en la conciencia ambiental de todas y todos. Un antes y después de esas tragedias que motivaron la creación de organismos locales de control, más allá de la conformación de asambleas, asociaciones y ONGs ecologistas. De hecho, se aprobó la Ley provincial 12.530, promovida por el entonces diputado provincial Juan Pedro Tunessi, que delega el control ambiental a la Municipalidad de Bahía Blanca, en coordinación con la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Entre sus fundamentos, la norma asegura que “el desarrollo de la actividad industrial complementa necesariamente la potencialidad productiva de la actividad primaria, aunque la calidad de vida también depende del mantenimiento de condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo”. Además, indica que “el crecimiento incontrolado de la actividad industrial afecta en forma creciente estas condiciones, la disminución de la calidad del aire es una de las principales preocupaciones de quienes ejecutan políticas ambientales en todas las jurisdicciones, ya que ésta puede afectar la salud de la población circundante”.

Esta normativa creó el Programa Especial para la Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental, a través del monitoreo y control de emisiones gaseosas y efluentes líquidos de origen industrial, cuyo ámbito | 89 | POLOS. Injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina de aplicación es el polo petroquímico y la zona portuaria. Éste establece dos organismos encargados de monitorear la contaminación: el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) conformado por un grupo de profesionales de diferentes especialidades, que tienen a su cargo el control y monitoreo de las industrias de tercera categoría (Ley provincial 11.459 de Radicación Industrial); y el de Control y Monitoreo, integrado por representantes de universidades, gremios, organizaciones sociales y ambientales, y de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Fernando Rey Saravia, coordinador del CTE durante siete años (hasta

enero de 2013), reconoció a la contaminación como “inevitable” y explicó:

“La comunidad es muy reactiva, y gracias a eso se incrementaron los controles, pero hay ámbitos donde no podemos intervenir. Los que multan a las grandes empresas son los organismos provinciales” (Tiempo Argentino, 24/08/2010).

El CTE se financia con recursos que aportan las mismas empresas en concepto de tasa ambiental. ¿Qué es ese impuesto y quién lo paga? Según el portal de gobierno abierto del municipio bahiense “es una tasa que se fija a las empresas de tercera categoría y cerealeras ubicadas en el ámbito de aplicación del Comité Técnico Ejecutivo, es decir área portuaria y polo petroquímico, con el fin de brindar los servicios de control, monitoreo y prevención, entre otros, destinados directa o indirectamente a la preservación y optimización de la calidad ambiental. La misma se establece en función del nivel de complejidad ambiental de cada establecimiento y es determinada por el art. 13 de la Ley 12.530”. Según el presupuesto municipal 2015, el compromiso de la misma para el presente período será de 3.808.200 de pesos (poco más de 440 mil dólares).

En tanto, el OPDS tiene las facultades de evaluar las infracciones y sanciones realizadas; y tramitar, y si correspondiese, renovar los certificados de aptitud ambiental y los permisos de descarga de emisiones gaseosas a la atmósfera, entre otras tareas. La delegación del OPDS en la ciudad funciona dentro de la sede de la Unión Industrial de Bahía Blanca, luego de la firma de un convenio de cooperación institucional concretado en julio de 2014 (OPDS 16/07/2014). Cuenta con dos empleados administrativos y, hasta el momento de esta publicación, no se pudo precisar cuántos operarios y/o técnicos hacen los “trabajos de campo” (Tiempo Industrial, 2014: 3).

90 | Es oportuno destacar que si bien desde 1995, las industrias del polo petroquímico trabajan con un programa de las Naciones Unidas que tiene como objetivo preparar a la población para minimizar pérdidas humanas y materiales ante la posibilidad de un accidente que se pueda originar a partir del funcionamiento de industrias de alta complejidad. La función primordial de este plan, denominado APELL, es interactuar entre las empresas, entidades intermedias y población para la capacitación y coordinación de acciones tendientes a preparase para responder ante cualquier emergencia tecnológica y ambiental que pudiera surgir. Cuáles son las condiciones laborales de los integrantes de este programa; quiénes son y cuánto se capacitan, qué recursos y herramientas tienen en la actualidad, cuáles son los canales de difusión con los que cuentan; qué recepción tienen de la población vecina, son preguntas que podrían nutrir el desarrollo de otro artículo.

Agua que no has de beber La contaminación del agua que produce este tipo de industrialización es uno de los pasivos ambientales irremediables. Desde hace años vecinos, asambleas ambientales y pescadores artesanales denuncian la contaminación con desechos industriales de la ría local. La fauna marina muere a causa de los altos niveles de sustancias químicas, situación que ha derivado en el desempleo de familias de pescadores artesanales que no pudieron adquirir las embarcaciones para salir a mar abierto, ya que era imposible pescar en las cercanías de la costa.

Promesas de reconversión del oficio, mentiras y des-mentiras de funcionarios locales y provinciales solo provocaron desunir a los trabajadores y enfrentar sus intereses y sueños. Hubo manifestaciones, marchas, cortes en la ría, represión policial y opiniones enfrentadas. A fines de 2009 el OPDS aseguró que no existían tales índices de contaminación y que la pesca no se veía afectada por esa razón sino por el descuido del recurso ictícola “depredado” por lanchas de la pesca artesanal. En respuesta a tal versión, la Cámara de Pescadores Artesanales de Ingeniero White realizó en el año 2010 un análisis del agua con el laboratorio Fares Taie Instituto, con sede en Mar del Plata. Esos estudios confirmaron la presencia de metales pesados, con niveles de plomo que superan entre 30 y 40 veces | 91 | POLOS. Injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina los que fija la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051, y entre 70 y 100 lo que toleran los parámetros internacionales. En 2010, un diario local publicaba

la evaluación que hacía al respecto un funcionario del órgano de control:



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