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«Observatorio Petrolero Sur (comp.) Colectivo Tinta Verde Fernando Cabrera Christiansen Eduardo Sosa Mariela Dobal Cecilia Bianco POLOS Injusticias ...»

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El 10 de agosto de 2011 hubo una fuerte explosión en la refinería de Petrobras en Bahía Blanca, más precisamente en una sala de descanso para los empleados (llamada “la matera”), que no está relacionada con “los procesos productivos ni de control” según la propia empresa. Como consecuencia de la explosión y el derrumbe de la habitación murió Adrián Valente, de 44 años, y quedó gravemente afectado Miguel Graziano, de 42, por las quemaduras en su cuerpo. Familiares y amigos de las víctimas y de demás trabajadores de la refinería, impulsaron marchas y actos para que “no los dejen solos en esta injusticia”. Organizaciones sociales y gremiales, asambleas ambientales y estudiantiles ganaron una vez más las calles, micrófonos, centimetraje en medios gráficos y digitales exigiendo condena a los responsables. Ese mismo día, el intendente Cristian Breitenstein (actual ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de Buenos Aires) ordenó el cese de operaciones de la planta Petrobras, que ya había sufrido una clausura provisoria en febrero de 2011, por emanación de olores. En esa oportunidad desde el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) se le exigió a la empresa un plan de mejoras, que fue evaluado y aprobado por el organismo de control local para habilitar la puesta en marcha de la refinería (La Nueva Provincia, 08/03/2011).

Ante la muerte de Valente, quien era por entonces el subsecretario municipal de Gestión Ambiental, Eduardo Conghos, explicó que si bien iba a 98 | llevar “dos días el parate de la planta”, la clausura sería por tiempo indeterminado hasta que se cumpliera con el plan de readecuación e inversión que expertos técnicos exijan a la compañía, para cuidar la vida de la población y de sus trabajadores (La Nueva Provincia, 10/08/2011). Sin embargo, pasó una semana y la refinería comenzó a funcionar nuevamente con un permiso precario concedido por el gobierno provincial. “La planta tiene permiso para operar y de a poquito están poniéndola en marcha para retomar las operaciones normalmente”, dijo entonces a una agencia de noticias extranjera una fuente de la filial argentina de Petrobras (Reuters, 17/08/2011).

El 22 de agosto de 2011 se produce un incendio en Petrobras Bahía Blanca. Se habría originado por la pérdida en una válvula que generó un escape de fuel oil. El incidente que pudo ser controlado por los operarios de la propia planta, esta vez sí perjudicó el sector productivo. El coordinador del Comité Técnico Ejecutivo Municipal, Fernando Rey Saravia, declaró que “fue un incidente menor, pero la reiteración ya es inaceptable”, y la atribuyó “a un problema de la estructura, de la organización, de cómo operan la planta y eso es lo que hace perder confianza. Esta planta sigue funcionando por razones políticas” (Clarín, 23/08/2011). En el mismo sentido se pronunció el intendente Breitenstein al explicar el levantamiento de su clausura (Somos Bahía, 23/08/2011).

Tras el incendio, el OPDS envío un comunicado a la compañía argumentando que “debido a los reiterados incidentes en la refinería Petrobras de la ciudad de Bahía Blanca, se ha intimado a la empresa al cese de la actividad, si en el plazo de 72 horas no presenta y efectiviza un plan que contemple las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad” (OPDS, 23/08/2011).

Vale mencionar que por ser Petrobras una industria de tercera categoría, el control y poder de policía corresponde a la provincia de Buenos Aires a través del OPDS, mientras que la Municipalidad de Bahía Blanca tiene facultades concurrentes de control y fiscalización por medio del CTE.49 Al respecto Aparicio aclaró que “la ciudadanía no tiene ninguna información Así lo establece el artículo 15 de la Ley 11.459 de Radicación Industrial. Y los artículos 49 4, 12, 77, 78, 86 y 87 del Decreto Reglamentario 1741/96 y el artículo 4 de la Ley provincial 12.530 que crea el Programa Especial para la Prevención y Optimización de la Calidad Ambiental.

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certera de que el plan de readecuación haya sido cumplido por la empresa.

Al contrario, todo parece indicar de que no se hizo nada, porque la planta nunca dejó de funcionar”.

En tal sentido, el 25 de agosto de 2011 concejales locales (de los bloques Integración Ciudadana y 8 de Septiembre) efectuaron una presentación ante el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, solicitándole su intervención por los reiterados incidentes producidos en la planta de Petrobras. A través de esta acción pidieron al organismo que determine si se han adoptado, precautoriamente, todas las medidas respecto del funcionamiento de la planta para evitar otros siniestros que expongan la vida y seguridad de la población (Sololocal, 25/08/2011). Como si estas tragedias no fueran suficientes para replantear la falta de seguridad y la precarización laboral en la que opera Petrobras en la ciudad, los incidentes -emanaciones de gases tóxicos, explosiones, incendios, contaminación sonora y de napas de agua subterránea, etc.- se suceden hasta la actualidad. Nada parece cambiar.

Dos años más tarde, el jueves 7 de marzo de 2013, el OPDS volvió a clausurar a Petrobras por dos irregularidades: no haber presentado el certificado de aptitud ambiental y el permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, e incumplir con el “Plan de readecuación, remediación y seguridad” exigido en el año 2011. Una semana después, el propio OPDS comunicó oficialmente que “luego de que treinta agentes del organismo trabajaran intensamente, algunos en la propia planta de la empresa, más los estudios en gabinete y conforme a la normativa vigente, la cartera ambiental expidió el certificado en cuestión y acreditó que se está realizando el plan de readecuación, remediación y seguridad exigido oportunamente” (OPDS, 15-03-2013).





En la búsqueda de justicia En noviembre de 2011 la justicia local tuvo que admitir el amparo ambiental presentado por el abogado Aparicio contra Petrobras y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, en el que un vecino de Loma Paraguaya pide el cese de la actividad industrial en la refinería, hasta tanto se garantice la seguridad de su funcionamiento.

Un mes antes el tribunal de trabajo Nº1 de Bahía Blanca había rechazado in límine ese amparo y la medida cautelar, situación por la cual presenta 100 | la apelación ante la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que por voto unánime revocó la resolución del tribunal bahiense. De esta manera el expediente vuelve a la justicia local y espera aún su tratamiento.

Aparicio insistió en no abandonar el camino de búsqueda de justicia y reclamó, vía amparos, que se designe a un ingeniero en las Fiscalías locales para realizar las nuevas y permanentes pericias de los informes mensuales de readecuación e inversión, que debería estar entregando Petrobras, como está estipulado en el “Plan de readecuación, remediación y seguridad”.

En contrapartida, a fines de 2014 y principios de 2015 se anunciaron y efectivizaron cambios y designaciones en ámbitos de la justicia federal en la ciudad. La procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó nombró a Alejandro Cantaro como fiscal general federal, mientras que Jorge Ernesto Bonhevi fue el designado como titular subrogante de la segunda y nueva Fiscalía General Federal que funciona desde marzo. Optimizar la división del trabajo para agilizar el curso de antiguos expedientes, incorporar recurso humano calificado y cooperar en un mayor y más equitativo acceso a la justicia, fueron señalados como los ejes prioritarios por lo que se crean estos ámbitos judiciales. Este podría ser un marco auspicioso para el avance de las causas ambientales pendientes.

Las respuestas vecinales

El desafío de “censar” la realidad “No bastan los mecanismos económicos de subordinación para garantizar el funcionamiento de la maquinaria social capitalista. Puesto que ni el desarrollo tecnológico ni el incremento en las capacidades productivas conduce a un aligeramiento general de los apremios materiales sino a su contrario, la expropiación de capacidades políticas, y de la política misma, forma parte insoslayable de la pervivencia de la sociedad, tal y como ha sido históricamente diseñada por el capital”.

Ana Esther Ceceña.

Ante este difícil contexto, una iniciativa singular fue la realización de un censo para analizar la situación sanitaria de la población, desde las vecinas

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y los vecinos, para generar la información que no reciben desde las instituciones del Estado.

En junio de 2012 se realizó un estudio50 en Ingeniero White a fin de analizar aspectos referentes a la salud ambiental de la localidad portuaria.

Un equipo de investigación interdisciplinaria coordinado por Selva Lamtzev, médica generalista; Rodrigo Pérez Artica, doctor en Economía; Gisela Gaglio, licenciada en Psicología; y Pablo Becher, profesor y licenciado en Historia; planificó y organizó un trabajo colectivo que implicó la activa participación de la ciudadanía local. Profesionales, estudiantes y vecinas y vecinos fueron parte de las campañas de sensibilización y de todo el proceso de recolección y devolución de resultados.

El objetivo principal fue conocer características del estado de salud ambiental y analizar prevalencias de diferentes enfermedades existentes en el territorio. Las condiciones de vida, su relación con la salud y la identificación de territorios vulnerados, ha sido un campo de interés multidisciplinario que ha posibilitado el trabajo conjunto entre sociología, economía, antropología, geografía, medicina y epidemiología, entre otras, explorando distintas perspectivas y métodos de abordaje.

“Movilizadas y movilizados por una demanda histórica de la comunidad whitense que reclamaba datos que puedan abordar estadísticamente sensaciones y realidades que padecen y viven a diario, pensamos este relevamiento y trabajamos muy duro para lograrlo, especialmente porque la premisa fundante fue no aceptar ningún tipo de fondos para viabilizarlo, porque la transparencia de su implementación y posterior presentación fue otro de los objetivos que respetamos sin concesiones”, sostuvo la médica Selva Lamtzev.

Desde el equipo de investigación abordaron a la salud “como un producto social, en el marco de las relaciones que se entretejen entre los seres humanos en un contexto específico, generando la posibilidad de construir proyectos vitales propios para obtener el bienestar y calidad de vida”.

Para ver estudio completo ingresar a: https://saludsocioambientalxfmdelacalle.files.

50 wordpress.com/2014/08/estudio-de-salud-ambiental-en-la-localidad-de-ingeniero-white-ultimo.pdf 102 | Con el asesoramiento de investigadores en estadística de la Universidad Nacional del Sur (UNS), se determinó el tamaño de la muestra necesaria para que sea representativa de la localidad. Se relevaron las dimensiones sociodemográficas (como edad, sexo, composición familiar, escolaridad, acceso a servicios públicos) y de salud (tabaquismo, enfermedades prevalentes o relacionadas con contaminación ambiental, percepción de riesgo ambiental, entre otras).

Fueron censadas 2.224 personas, en 667 hogares encuestados. Con el asesoramiento de docentes del Departamento de Geografía y Turismo de la UNS se ubicó el territorio con planos e información de la distribución poblacional. La recolección de datos la realizaron 40 personas que fueron capacitados/as durante tres días.

En primera instancia se llevó adelante una campaña de sensibilización para difundir el trabajo que se haría e invitar a participar a la comunidad.

La encuesta se concretó en dos días consecutivos. Al final del proceso se examinaron los resultados, calculando prevalencias y asociaciones (tabaquismo-enfermedades respiratorias, tabaquismo-cáncer y percepción de riesgo-enfermedad psiquiátrica) y, a través de charlas itinerantes se presentaron los datos obtenidos para conocer opiniones e inquietudes al respecto.

La numerosa participación en esta propuesta tuvo como antecedente un 2011 de gran movilización socio-ambiental. El proyecto de extender el dragado de la ría hacia humedales protegidos en la zona de Gral. Cerri, para garantizar el arribo de nuevos buques regasificadores y la ampliación del polo petroquímico sobre tierras ganadas al mar, que serían rellenadas con los sedimentos marinos. Esto generó la oposición de amplio espectro social –que incluyó asambleas vecinales, pescadores artesanales, investigadores e incluso departamentos de las universidades nacionales del Sur y Tecnológica-, que en audiencia pública objetó los estudios de impacto ambiental presentados por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (AAVV, 01/12/2011).

Decidir colectivamente vivir bien “La prevalencia de enfermedad respiratoria, enfermedades autoinmunes e hipotiroidismo resultó mayor a la esperada para la región. No pudo

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comprobarse una asociación estadísticamente significativa entre los casos de tabaquismo y cáncer ni entre tabaquismo y enfermedad respiratoria en la muestra estudiada. Se comprobó una asociación estadísticamente significativa entre percepción de riesgo y enfermedad psiquiátrica en la muestra estudiada”, especifican los resultados del informe.51 Con respecto a percepción de riesgo, la coincidencia de la mayor parte de los hogares en relación al temor permanente, resulta un factor fundamental a la hora de evaluar el sufrimiento ambiental que ocasiona vivir en esta localidad. A esta situación se le suman viviendas inundables y con rajaduras.

En el transcurso de la investigación, al analizar interdisciplinariamente los datos obtenidos, se confirmó la asociación significativa entre percepción de riesgo ambiental y enfermedades psiquiátricas. El informe afirma que “existen factores asociados a estas patologías que no pueden ser evaluados en este estudio y podrían responder a factores ambientales, entre otros”. Expone, además, la necesidad de enfatizar la realización de estos estudios que puedan profundizar sobre estos temas, e incluir el trabajo comunitario y sus decisiones en la esfera pública.



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