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«Observatorio Petrolero Sur (comp.) Colectivo Tinta Verde Fernando Cabrera Christiansen Eduardo Sosa Mariela Dobal Cecilia Bianco POLOS Injusticias ...»

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Pudo haber desaparecido media ciudad de Ensenada, media de Berisso y media de La Plata. Estuvo a punto de estallar. Desgraciadamente no se conocen versiones de bomberos (que prestan sus servicios de forma voluntaria) porque muchos trabajan en la planta y por miedo a perder su trabajo no cuentan lo que pasó. Del estado de la planta no dicen nada. Trataron de que pase desapercibido centrando la atención en la inundación, pero sabemos que fue muy grave y estuvo a punto de estallar toda la planta”.

Al bajar el agua, las paredes de numerosas casas quedaron marcadas con un aceite con hollín, similar al combustible. Tanto desde el OPDS como desde la empresa, afirmaron en los días posteriores que la situación no había sido El 2 de abril de 2013 la ciudad de La Plata y sus alrededores se vieron afectados por un 9 récord histórico de lluvias que provocó una inundación inédita. En algunas zonas el agua superó los dos metros; hubo 2.200 evacuados y 89 víctimas fatales y muchas más personas fallecidas que aún no son oficialmente reconocidas por la Justicia.

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de gravedad, sin dar precisiones sobre las causas ni la magnitud del incendio.

Días después del siniestro el CEO de YPF, Miguel Galuccio, realizó una conferencia de prensa en el edificio central de la compañía para hablar de lo ocurrido, en donde afirmó que refinería de La Plata volvería a operar al máximo de su capacidad en un plazo de 45 días. Además, anunció una inversión de 800 millones de dólares para la construcción de una nueva planta de coque, que permitiría incrementar en 35 mil metros cúbicos la producción de la refinería. Y subrayó: “Parte de sus equipos ya están comprados, y su puesta en marcha permitirá a la refinería aumentar su producción, mejorando los resultados de toda la empresa”. Sin embargo, ese día no hizo mención sobre los daños que implicó el incendio, ni acerca de si se desarrollarían planes de contingencia para implementar ante futuros incidentes.

En el libro “2A. El naufragio de La Plata”, una minuciosa investigación de dos periodistas platenses sobre la inundación, se plantea que el incendio en YPF representa una de las aristas menos profundizadas en las investigaciones legislativas y judiciales que se sucedieron tras la trágica jornada.

Este trabajo revela que el incendio fue minimizado tanto por el personal de laboratorio del OPDS como por los funcionarios provinciales. Además, destaca que existe una causa penal para que se indague la relación entre el incendio y la inundación que no ha tenido grandes avances y que el mismo fiscal Jorge Paolini, al pedir que se estudiara si los responsables de YPF incumplieron sus deberes como funcionarios públicos, habló de “ausencia de información certera”, tanto para que la población supiera cómo actuar en la emergencia, como para conocer si las partículas de coque que quedaron “flotando” en el agua podrían resultar nocivas para la salud. “Nunca hubo una voz oficial clara en cuanto a las causas del incendio. Hemos recabado información respecto de que la gran cantidad de agua caída superó la capacidad de contención de las piletas de residuos peligrosos y por otro lado, que los piletones -donde van los pluviales- están colapsados por productos sólidos y líquidos”, señala Marcelo Martínez. Además, agrega que la población “no está exenta de que esto vuelva a pasar” y que es necesario “avanzar, modernizar y efectivizar las acciones de contingencia que tendrían que llevarse adelante en estas situaciones”.

Por su parte, el coordinador ejecutivo del OPDS, Hugo Bilbao, fue llamado a exponer el día 30 de mayo de 2013 ante la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Humano del Senado de la Provincia. Allí 32 | afirmó: “Ante un hecho como un incendio y sus implicancias ambientales, debemos concentrarnos en las emisiones gaseosas y en los efluentes líquidos. El OPDS cuenta para ello con una auditoría ambiental permanente en el área de influencia (…). También cuenta con una guardia permanente en la ciudad de La Plata destinada a cubrir en forma inmediata

eventualidades ante la existencia de cualquier incidente que pueda comprometer el medio ambiente y la salud de la población”. Además, subrayó:

“Un equipo de profesionales asistió a la zona efectuando un relevamiento general en toda el área de influencia, en particular sobre el canal oeste donde pudo observarse la presencia de hidrocarburos, tanto en la vegetación de las márgenes como en el terraplén, razón por la cual se procedió a intimar a la empresa a que promueva el saneamiento y la limpieza de los sectores afectados, trabajo que prácticamente ha terminado (…) Las aguas pluviales e industriales no pueden salir del predio en la medida que no sean sometidas a un tratamiento adecuado. Las características inusitadas de las precipitaciones sobrepasaron tanto la capacidad de tratamiento como el de piletas de reserva”.

El episodio del 2 de abril comprueba lo que ya habían advertido los estudios realizados –previamente al incendio– desde diferentes áreas y centros de investigaciones de varias facultades de la UNLP, sobre la contaminación y la peligrosidad de este polo industrial ubicado en una zona inundable y altamente poblada.

Marco regulatorio y juicios contra YPF La legislación existente en materia ambiental tiene su base principal en el artículo 41 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a un ambiente sano de todos los habitantes de la república. El artículo también expresa la obligación de las autoridades que deberán proveer la protección de este derecho: la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica; y a la información y educación ambiental. A su vez, la Ley General del Ambiente Nº 25.675 establece los presupuestos mínimos para una gestión adecuada del ambiente. En su artículo 4 establece el Principio Precautorio afirmando que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar | 33 | POLOS. Injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.





Por otro lado, a nivel provincial el marco regulatorio que contiene a las temáticas ambientales está sostenido por el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que también alude al derecho a un ambiente sano y equilibrado: “La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada”.

Estas obligaciones expresadas en la máxima ley nacional y en su par provincial no se ven materializadas en la práctica, ya que pocas veces los fallos judiciales respetan los derechos de las comunidades a proteger su salud y bienestar por sobre los emprendimientos industriales. Hay, sin embargo, resoluciones judiciales en las que la salud y seguridad de los vecinos y las vecinas es tenida en cuenta por los magistrados, como es el caso de los fallos que se exponen a continuación, aunque claramente son un número bajo en relación al impacto ambiental producido.

Desde la ONG Nuevo Ambiente señalan que el Barrio Campamento, ubicado en las inmediaciones del Puerto La Plata, cerca del río, se viene movilizando desde hace 35 años, en reclamo de la contaminación que genera el particulado de carbón de coque que emite Copetro. El carbón de coque es un residuo del proceso de refinado de los combustibles, que la empresa recibe mediante vagones y pasa por el proceso de calcinado. Las investigaciones incorporadas como pruebas por los vecinos, que a su vez fueron solicitadas por los jueces de las distintas instancias que demandaron contra la compañía, comprobaron que dicho carbón es altamente cancerígeno. Pese a esto, desde la ONG lamentan: “Copetro sigue contaminando, la pluma de contaminación es amplia, la carbonilla de carbón de coque llega a distintos puntos de Berisso y Ensenada, según el viento y eso sigue complicando toda la zona y en este caso, tampoco hay controles del Estado en todo esto”.

La responsabilidad adjudicada tanto a Copetro como a YPF por los tribunales de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la contaminación del ambiente y a la tutela de los derechos a la salud y a la vida de los habitantes de Ensenada y Berisso, quedó plasmada en los fallos que se dictaminaron.

34 | El último fue en 2012, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata se expidió contra YPF S.A. en la causa caratulada como “Mazzeo Alicia y Otros c/ YPF”, iniciada con motivo de la contaminación tanto en el aire, como sonora y “todo otro tipo y modo” que sufren los vecinos. Los camaristas fundamentaron que YPF no cumplió con la resolución 2145/2001 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, la cual expresa la necesidad de un monitoreo de emisiones de la destilería. Subrayaron, además, que la compañía ya había sido multada trece veces y que en 1999 fue clausurada su unidad de cracking por “contaminación de hidrocarburos no procesados completamente y polvo catalizador”.

La causa llegó hasta segunda instancia no sólo porque la indemnización que se dictó fue considerada insignificante en algunos puntos, como por ejemplo en cuanto al daño moral causado, sino también para pedir que la Justicia precise cuáles van a ser los pasos y plazos que la empresa debería seguir para finalizar con el daño ambiental que ocasiona.

Teniendo en cuenta que el daño producido por YPF fue fehacientemente probado, que tenía antecedentes por denuncias de contaminación en la Secretaria de Política Ambiental, y que gran parte de los vecinos sufren de problemas respiratorios producidos por la actividad de la empresa

-esto último verificado con peritaje médico-; se llegó a la conclusión de que la empresa debía acabar con la contaminación a través de una serie de medidas progresivas, cumpliendo con un plan de obras que modificaran las emanaciones en un plazo de 90 días, y que las pruebas deberían ser enviadas al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP para su evaluación. No se conoce si esas modificaciones fueron finalmente llevadas a cabo, pero los vecinos sostienen que la situación no ha cambiado demasiado.

Es importante destacar que la Constitución provincial expresa que “toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo”, afirmación que refuerza el hecho de que el derecho de los vecinos a un ambiente sano no debe ser negociado. Aunque los tribunales toman en cuenta los reclamos de los afectados en la tutela del ambiente, la realidad es que hasta que el control del Estado sea preciso y serio y la política seguida por el mismo se condiga con los principios y derechos tutelados, estas causas van a seguir llegando a la Justicia; aun cuando el daño a la salud y al ambiente sea irreversible.

| 35 | POLOS. Injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina Fallos precedentes Dentro de los fallos analizados, existe uno muy importante que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), titulado “Almada, Hugo Néstor c/ Copetro S.A. y otros/ daños y perjuicios” del año 1995. Este logró englobar en una única sentencia las pretensiones de la vecina Margarita Irazu y Juan Joaquin Klaus, quienes también demandaron a Copetro en razón de la contaminación que produce y exigiendo su cese, así como indemnizaciones por daños producidos en los bienes y la salud.

Néstor Almada, un vecino del Barrio Campamento, recurrió a la Justicia para ser indemnizado por los daños que sufre a causa de la contaminación de la empresa en su propiedad privada y exigiendo el fin de dicha situación para preservar el ambiente. A pesar de que cuando se inició la causa no había sido reformada la Constitución Nacional, ni existía el artículo 41, el Doctor Roncoroni en el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata afirmó: “No podía negarse legitimación para la tutela de aquellos intereses y, en particular para la defensa del medio ambiente, a cada uno de los sujetos afectados singularmente considerados”.

A través de las distintas instancias, se comprobó la contaminación resultante de la actividad de dicha empresa, principalmente la concentración de “benzo alfa pireno” -uno de los hidrocarburos con mayores riesgos de producir cáncer (Res. 444/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)-, que Copetro “contamina por efecto del venteo de material particulado desde sus pilas de coque crudo a cielo abierto”. La empresa no negó este hecho y adujo que la contaminación producida es parte de la actividad industrial que realiza, no siendo posible para ella no contaminar de ningún modo el ambiente, e intentó justificar su accionar resaltando que la planta se encuentra situada en un polo industrial preexistente a la zona residencial. Dichos argumentos se contradicen con el deber de los derechos constitucionales, de velar por el medio ambiente para las generaciones presentes y, más aún, para los sujetos que nacerán en un futuro.

El dictamen aumentó el monto de las indemnizaciones debidas a los actores (el equivalente por entonces a unos 27.700 dólares para los herederos de Margarita Irazu, de 32.740 dólares para Juan Joaquín Klaus y de

20.870 dólares para los herederos de Hugo Néstor Almada), quienes fueron 36 | víctimas de la contaminación. El fallo también exigió a la empresa el cese de la emisión de “elementos contaminantes”, cuyo incumplimiento podría acarrear el cierre de la planta como sanción accesoria, como parte de un “plan que asegure la eliminación de la contaminación o reduzca a los mínimos tolerados para evitar daños a la salud de la población”.



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